FRONTERAS DE LA DIFERENCIA

Valeria Herrera F. Dra en Psicología. valeria2hf@yahoo.com
Publicado en Rev. El rapto de Europa. Vol. 4.

Uno de los términos más ligado al concepto de discapacidad, es el de anormalidad. La discapacidad es definida en torno a la existencia de una conducta de excepcionalidad, de una diferencia o de una desviación respecto de la normalidad. Desde la perspectiva del modelo biomédico es definida como una patología orgánica, desde el modelo psicológico como una desviación estadística respecto de la población normal y desde el punto de vista del modelo sociocultural como mecanismos marginadores de tipo económico, político y cultural. Sea cual sea el modelo o enfoque desde el cual se conciba la discapacidad, en ella está implícita la noción de estar fuera o en el límite de la normalidad, de lo saludable, de lo productivo, en definitiva fuera de la modernidad.

La experiencia de la discapacidad genera vivencias de marginalidad, de carencia, de limitación, de barreras que se consolidan en una identidad fronteriza. Una identidad que busca constantemente ser aceptada por un entorno que la rechaza.

Aproximadamente el 80% de los 200 millones de niños del mundo que sufren discapacidad viven en países en vías de desarrollo; muy pocos de ellos reciben una atención sanitaria y una educación adecuadas, y menos de un 2% reciben algún tipo de servicios especiales. Esta sombría evaluación internacional está basada en una serie de informes que comprenden la realidad de los cinco continentes. Para las personas discapacitadas que viven en condiciones de extrema pobreza, el aislamiento y el abandono cobran mayor relevancia, hay niños cuyos impedimentos y la falta de acceso a los conocimientos y técnicas existentes, constituyen un obstáculo a sus posibilidades de desarrollo personal.

Al igual que para todas las personas, la educación del discapacitado lleva aparejada una mejora de la calidad de vida; en todo caso su dependencia de la educación es aún más acentuada, ya que la necesita para sobreponerse a las limitaciones que le impiden desarrollarse en plenitud. La experiencia ha demostrado sistemáticamente que incluso las personas con mayores impedimentos pueden beneficiarse de una educación; ningún niño puede ser ya considerado ineducable. Desde una perspectiva económica, además, la educación de un discapacitado hace de él una persona productiva que no tiene, por consiguiente, que depender de su familia o del Estado durante toda su vida. Pero la razón fundamental para educar las personas discapacitadas es de orden moral: como ciudadanos tienen derecho a ser educados. La educación no es privilegio de unos pocos, sea en términos de riqueza, de clase social o de aptitud. Tampoco es justificable vincularla a la prosperidad económica, por mucho que ésta contribuya a hacerla realidad. Es un derecho inalienable de todo ciudadano que no puede negarse a ninguna persona por razones de discapacidad, del mismo modo que no puede negarse por razones de sexo o de raza. Un dato impactante proporcionado por la UNESCO señala que de 34 países de entre 51 que habían suministrado información tenían menos del 1% de alumnos matriculados en programas de educación especial.

El desafío del derecho a la educación alcanza todo su vigor moral al referirse a los niños discapacitados. Quienes sufren discapacidad, aquellos que tienen mayor necesidad de educación son, irónicamente, quienes menos posibilidades de recibirla tienen. Esta situación trasciende las fronteras económicas y de desarrollo. En los países desarrollados muchos niños con discapacidades son excluidos formalmente del sistema educativo o bien reciben dentro de éste un tratamiento menos favorable que los otros alumnos, en tanto que en muchos países en vías de desarrollo la lucha por impulsar la educación obligatoria para la mayoría de los niños precede a la de satisfacer las necesidades educativas especiales de quienes enfrentan discapacidades.

En este sentido, la igualdad de oportunidades genera preguntas muy difíciles. Al igual que el derecho a la educación, el derecho a la igualdad de oportunidades es ampliamente aceptado en su condición de principio general y considerablemente ignorado en la práctica. La igualdad de oportunidades no significa tratar a todas las personas de la misma forma. De allí que en educación un idéntico tratamiento educativo no sea la respuesta. Los niños no son iguales y no debieran ser tratados como si lo fueran. Lo que en realidad requiere el principio de justicia es que no sean tratados de la misma manera. En el caso de la educación especial son incontables los ejemplo en los cuales se priva al estudiantes de acceder al principio de igualdad. Como ejemplo, considérese la educación de los niños ciegos: si un tratamiento igual significara ser expuestos, junto con sus pares, a una enseñanza con alto contenido visual, obviamente que no se les estaría proporcionado un tratamiento igualitario en sus oportunidades educativas Otro caso es el de los niños sordos: en favor de la igualdad de oportunidades se ha insistido en enseñarles la lengua oral de los oyentes, sin embargo la sordera implica la falta de audición y a través de esta vía será imposible adquirir esta forma comunicativa. En este último caso, la igualdad de oportunidades educativas pasa por educar a la persona sorda en una lengua que sea fácil y accesible para ella, como es la lengua de signos. Lo que se necesita es transformar este principio general de igualdad de oportunidades en derechos concretos que sean significativos a nivel de la propia oferta educativa. Es lo que en parte pretenden los tratamientos educativos diferenciados. Cuando se reconoce que los niños son distintos unos de otros, se les debe tratar en forma diferente para llegar a las mismas metas.

El análisis de los grupos más desprotegidos y marginados de una sociedad, es un claro indicador del estado en que se encuentran los valores y la justicia social de dicha sociedad. La realidad de la población chilena con algún tipo de discapacidad, se caracteriza por ser un grupo desprotegido y marginado. Desprotegido, debido a que es un grupo de alto riesgo a nivel educacional, social y económico. Un ejemplo concreto de esta situación, es que la gran mayoría de la población con discapacidad, no logra instalarse en el mercado laboral ni ocupar los puestos de trabajo, por lo que para ellos la igualdad de oportunidades es aún un lema publicitario. Además, en este grupo social, se manifiesta una doble marginalidad; la de pertenecer a un grupo con necesidades peculiares no satisfechas y por otra parte pertenecer en su gran mayoría a sectores de extrema pobreza.

Por otra parte las personas con discapacidad en Chile, se encuentran en una situación particularmente difícil, ya que no cuentan con la mínima cantidad de centros educativos para su atención, tampoco se ha logrado implementar la educación secundaria para la población sorda, deficiente mental o psíquica y los programas de integración son de escasa cobertura y eficacia. Actualmente, se está llevando a cabo una reforma educativa en base a la LOGSE del estado español, tanto respecto la educación común, como a la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales. Sin embargo, cada sociedad posee un contexto político, económico, social y cultural propio, por tanto, los cuestionamientos y cambios deben surgir a partir de la realidad del país y de las demandas realizadas por las instituciones, asociaciones y organizaciones ligadas al tema.

La posibilidad de respetar y asumir la diferencia es una demanda específica que están realizando distintas asociaciones y organizaciones de personas con discapacidad. Hoy en día, la situación tanto en Latinoamérica como en Chile, está caracterizada por una falta de profundización en el conocimiento de la realidad de la población con discapacidad. Las carencias son agudas respecto a legislación, educación e investigación, pero sin lugar a dudas la principal falencia gira en torno a la comprensión de la realidad y necesidades de este grupo humano, tan diversas como las de cualquier otro. La escasez de conocimientos respecto de este grupo humano, se traduce en “exclusión social”. La inaccesibilidad tanto al espacio físico como al espacio social, genera una sensación colectiva de enajenación respecto a una problemática concreta.

Los instrumentos de protección, tanto a nivel internacional y nacional, como son la “Carta de los Derechos Humanos” y las legislaciones de los distintos estados, no son suficientes ya que o no se cumplen o se cumplen a medias. Es así, como la caridad privada o el asistencialismo público no sólo son incapaces de revertir eficazmente esta situación, sino que además generan y consolidan una dinámica social perversa, donde la persona con discapacidad ya no sólo es vista como discapacitada física, sensorial o psíquica sino que además, es vista como “discapacitada social”, lo cual anula la posibilidad del ejercicio de la ciudadanía de las personas con discapacidad, eliminándolos como interlocutores válidos. Así una forma específica de discapacidad, anula a toda una población que ya no es agente social, sino un grupo sobre el cual recaen las políticas públicas o la caridad cuando estas existen.

Con todo, la posibilidad de admitir y recrear la diferencia, dentro de un enfoque democrático es posible en Chile, Latinoamérica y el resto del mundo. Si se asume que cada individuo de la sociedad posee unas habilidades y capacidades que contribuyen a vernos en nuestra humanidad, si somos capaces de concebir espacios de convivencia y apertura social, en los cuales las diferencias sean asumidas, integradas y respetadas, quizás sea posible el logro de una sociedad más justa.

Acoger y recrear la diferencia en un espacio social común, parte entre otras cosas por asumir y respectar la lengua de signos, como una lengua oficial del estado, por pensar la ciudad desde la silla de ruedas, como metáfora de la diversidad y la diferencia, por proporcionar educación secundaria, técnico profesional o universitaria, proveer diagnósticos y programas de atención tempranos, etc. junto a lo cual se deberían procurar los recursos materiales y humanos para que dicha grupo humano se desenvuelva cómodamente.

Para finalizar, quisiera retomar los planteamientos recogidos en la “Carta de Santiago” en la cual los líderes Latinoamericanos con discapacidad, reunidos en Santiago de Chile, el pasado mes de marzo del 2001, plantean que la posibilidad de una sociedad más democrática para la inmensa mayoría de la población con discapacidad, debe ser una meta propuesta e impulsada principalmente por las propias personas con discapacidad, como un grupo activo, participativo y organizado de ciudadanos. Sostienen que las personas con discapacidad deben tomar con mayor firmeza las riendas de su propio destino, trabajar y luchar para que los principios de igualdad de oportunidades y de participación ganen terreno en la cotidianeidad de sus vidas. Puntualizan, en que el mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de la población con discapacidad, pasa por una participación activa y protagónica, por la unidad de las organizaciones representativas de las diversas discapacidades, que demanden de forma conjunta el cumplimiento de sus derechos humanos, incidan en las políticas de los distintos estados y sean escuchados y considerados como ciudadanos de un estado .

Bibliografía

• Hegarty Seamus (1994) “Educación de niños y jóvenes con discapacidades. Principios y práctica” UNESCO.
• “Carta de Santiago. A construir la democracia accesible a NUESTRAMÉRICA” Instituto Interamericano sobre Discapacidad (IID) Institute for International Development (Marzo, 2001)

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